Desde AMAEXCO queremos trasladar a nuestros asociados y al sector en general una reflexión publicada por la Federación Nacional de Excavadores (FENAEX) ( Artículo aquí )que toca directamente la realidad diaria de cualquier empresa de movimiento de tierras, excavación y transporte de materiales en España.

El cobro en plazo no es un tecnicismo contable. Para una empresa del sector, es la diferencia entre poder mantener la maquinaria en condiciones, pagar nóminas a tiempo, renovar seguros, atender el mantenimiento preventivo de la flota y, en definitiva, seguir operando con garantías. Cualquier responsable de una empresa de excavación sabe lo que cuesta arrancar una obra: el gasto empieza el primer día, pero el cobro no siempre acompaña ese ritmo.

El marco legal español en materia de morosidad existe y tiene nombre propio: la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, que establece plazos máximos de pago de 30 días para el sector público y 60 días para el privado. Sin embargo, los datos reales del sector evidencian que el cumplimiento formal de esos indicadores no siempre refleja lo que ocurre en la cadena real de cobro. Diversos estudios sitúan el periodo medio de pago real en el sector privado en torno a los 68-75 días, por encima del límite legal de 60 días. Y eso sin contar el tiempo que transcurre desde el cierre de medición hasta la conformidad de la certificación, que en obra pública puede añadir semanas adicionales antes de que el plazo legal empiece siquiera a computar.

El tiempo que no se mide: del cierre de medición a la conformidad

Desde la perspectiva de quien trabaja en obra, hay una brecha que pocas veces aparece en los informes oficiales: la diferencia entre el “plazo de pago” en sentido formal y el tiempo económico real que transcurre desde que se ejecuta el trabajo hasta que el dinero llega a la cuenta. En contratación pública, ese tramo previo —conformidades, validaciones, revisiones por discrepancias de medición, circuitos internos de aprobación— no está sujeto a los mismos controles que el pago en sí. Las Comunidades Autónomas registraron un Periodo Medio de Pago a Proveedores de 29,34 días en febrero de 2024, por debajo del límite legal. El indicador, técnicamente correcto, puede no recoger lo que ocurre antes: ese tiempo previo, no trazable, que la subcontrata especializada ya lleva financiando de su propio bolsillo.

Para una empresa de transporte y movimiento de tierras, esto tiene consecuencias directas. Los costes de combustible, mantenimiento de maquinaria, seguros, personal de operación y alquileres de equipos no esperan a que se resuelva una discrepancia de medición. La obra avanza, el gasto corre, y el cobro queda suspendido en un circuito administrativo sin fecha visible. En sectores como la construcción o la industria, los pagos pueden diferirse hasta 60, 90 o incluso más días. En excavación y movimiento de tierras, donde los costes operativos diarios son especialmente intensivos, ese retraso tiene un impacto directo sobre la tesorería y sobre la capacidad de mantener el parque de maquinaria en condiciones óptimas de seguridad y rendimiento.

La paradoja del que cumple: cuando pagar a tiempo se convierte en desventaja competitiva

FENAEX pone el dedo en una llaga que en AMAEXCO también identificamos en nuestro día a día: cuando el retraso en el pago se normaliza y apenas tiene consecuencias para quien lo practica, pagar en plazo puede llegar a penalizar al cumplidor. La empresa que respeta los plazos con sus proveedores y subcontratistas financia esa disciplina con sus propios recursos o con crédito bancario. La que estira los pagos se financia, en la práctica, a costa de los eslabones más débiles de la cadena.

Este mecanismo explica por qué el problema sobrevive incluso en etapas de alta actividad como la actual. El sector de la construcción en España afronta 2025 con un cambio de tendencia positivo, con previsiones de crecimiento del 4,2% según Euroconstruct. Hay obra, hay demanda, y sin embargo la morosidad persiste porque el mercado no protege suficientemente a quien cumple. Las microempresas y pymes —que representan la inmensa mayoría del tejido empresarial en excavación y transporte de tierras— tienen un poder de negociación limitado y una necesidad de mantener actividad constante que las hace especialmente vulnerables a aceptar condiciones de pago que, en otro contexto, serían inaceptables.

La solución no pasa por señalar culpables en cada escalón de la cadena. Pasa por lo que tanto FENAEX como desde AMAEXCO defendemos: procesos de certificación trazables, calendarios de pago pactados y respetados, mecanismos ágiles de resolución de discrepancias técnicas y estándares documentales claros que reduzcan la incertidumbre sobre cuándo y cuánto se va a cobrar. El incumplidor tiene derecho al cobro de intereses de demora —cercanos al 9,25% en 2024— y a una indemnización fija de 40 euros por factura fuera de plazo, aunque en la práctica muy pocas empresas ejercen estos derechos por temor a dañar la relación comercial. Conocer y hacer valer el marco legal es también parte de la profesionalización del sector.